domingo, 10 de febrero de 2019

LIBRO II - CASO ABIERTO


Policías   y   soldados
LIBRO - II
Las CONSECUENCIAS

CAPÍTULO xvi
CASO ABIERTO

Los casos que ponen en evidencia muchas interrogantes

INTRODUCCIÓN

En cualquier acto criminal en el que deban intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la primera y principal actuación a su llegada, será mantener intacto el escenario del crimen, realizando la primera inspección ocular con toda la seriedad, rigurosidad y meticulosidad posibles, poniendo todo su empeño y profesionalidad en ello. Pasado ese primer momento esencial, si se realiza mal o de manera incompleta, pasando por alto detalles que a la larga son de suma importancia, la auténtica verdad quedará escondida en la incompetencia de los investigadores, ya que es un acto irrepetible. Lo que se ve al llegar a la escena del crimen ya nunca va a estar igual más tarde.

En anteriores capítulos, por cuestión de espacio, solo se han resaltado los hechos más significativos de los últimos años, y que han sido objeto de portadas en los medios de comunicación. Los casos abiertos que aquí se nombran, son una ínfima parte de los miles y miles sin resolver, acaecidos durante los más de 175 años de existencia del Cuerpo. "Las consecuencias" de esa falta de resultados tiene unas víctimas directas que exigen justicia desde sus tumbas, pero también indirectas, sus familiares, que nunca descansarán hasta que los culpables paguen por ello.

Existen otras víctimas colaterales, aquellas personas que por simples pruebas circunstanciales, o lo que es peor, por meros estados de indicios endebles, opiniones personales, fabulaciones, etc., sin otras bases de prueba que la visión subjetiva de los investigadores, han sido detenidas, imputadas, -investigadas-, y conducidas ante la justicia, que en ocasiones han puesto blanco sobre negro, pero en otras no, queremos pensar que pocas, no se podrá saber nunca, culpabilizando a personas inocentes, -el sistema no es infalible-, por eso siguen siendo casos abiertos, -no han sido resueltos-.

En la parte de culpa que le corresponde a los investigadores, la cuota más alta de responsabilidad es de los altos mandos militares, ya que tienen en sus manos, -distribuir, organizar, formar y retribuir adecuadamente a los agentes-, debiendo destinar a los más idóneos a las unidades orgánicas de Policía Judicial, ya que son en último término los que tienen la obligación de vigilar y exigir el cumplimiento de sus funciones operativas, es la única labor que realizan y por la que se les paga. Pero también su estructura y formación militar es la causante, -el 40% del tiempo de formación en sus academias, lo dedican a materias militares, lo que va en detrimento de su formación policial en igual medida-, para que los lectores comprendan un poco la situación, nos remitiremos a una nota publicada en la página Web de El Faro Verde, que con fecha 15/Octubre/2013, y bajo el título "Policía Judicial, acorralada en el ring, se tambalea", decía:

"De las últimas 646 vacantes anunciadas en Policía Judicial 480 lo hacen en segunda convocatoria (74,30%). Los destinos publicados para cubrir estas vacantes quedan desiertas un 76,78% (496 vacantes) ¿Por qué nadie quiere ir a Policía Judicial?. 

Asistiremos en los próximos tiempos a un progresivo debilitamiento y deterioro de esta especialidad fundamental en nuestro despliegue territorial a la espera de que la Dirección General reaccione como lo ha hecho con la Especialidad de Tráfico.

De entre las especialidades existentes en la Guardia Civil la de Policía Judicial destaca por ser una de las más castigadas actualmente en cuanto a retribuciones, régimen de prestación del servicio, disponibilidad permanente, nivel de exigencia y responsabilidad. 

Esta situación es especialmente grave en los equipos territoriales de compañía donde su dependencia orgánica ha de conjugarse con la satisfacción de las necesidades propias de los puestos de la compañía. 

El suboficial al mando de estos equipos puede equipararse, sino supera en algunos casos, al nivel de exigencia de los comandantes de puesto. 

La mayoría del catálogo de los equipos territoriales está compuesto por un sargento, un cabo y tres guardias. Sin embargo, esta plantilla no está cubierta más que al 60% en la práctica totalidad de este tipo de unidades distribuidas por todo el territorio. 

Pero aquí es obligado considerar el tipo de servicio prestado por estas unidades poniéndolo en relación con un Puesto. Este último, ante la falta de personal, flexibiliza su servicio preventivo adaptándolo al menor número de personas de que disponen para prestarlo. 

En los Equipos de policía judicial esta adaptación no es posible debido a que la naturaleza de su servicio no tiene ese carácter preventivo característico de las unidades tipo puesto. 

Para comprenderlo basta imaginar que ante la disminución de la plantilla se suspendiera una determinada investigación, esto es impensable y aquí es donde comienzan los problemas. 

La sobrecarga de trabajo es espectacular. Inspecciones oculares, reseñas de detenidos, investigaciones propias y de apoyo a la Unidad Orgánica, elaboración de diligencias, detenciones, burocracia interna, citaciones, traslados, vigilancias, escuchas, etc. son algunas de las actividades que han de desarrollar sea cual sea su plantilla y no olvidemos que sólo los trabajos rutinarios como reseñas e inspecciones oculares consumen gran parte de su potencial. 

Si a este dato objetivo añadimos que el nivel de exigencia y responsabilidad que tienen en sus actuaciones debido a la extrema sensibilidad de los intereses en conflicto es bastante elevado no es de extrañar que sus niveles de estrés estén por las nubes. 

“Es realmente inquietante cuando te vas a la cama después de doce o trece horas de trabajo y dejas el teléfono sobre la mesita. Sabes que no vas a dormir toda la noche”. Esta frase pudiera parecer extraída de una novela negra de serie B pero es la realidad a que han de enfrentarse y es que la retórica disponibilidad permanente lo es mucho más para unos que para otros. 

Ante esta situación fáctica, la exclusión del Régimen General de Tiempos y Horarios resulta obligada. La excusa aquí es la necesaria permanencia del servicio por la índole de las funciones desarrolladas (investigación) a las que hay que dotar necesariamente de continuidad. 

Esta exclusión tiene una consecuencia inmediata en el régimen retributivo de incentivos al rendimiento. Detengámonos un momento en analizar el binomio representado por el régimen de prestación del servicio y productividad que se traduce, cuando se excluye del primero, en la comúnmente denominada “tarifa plana”. 

Es obligado considerar si lo que se pretende con este régimen de servicio y retributivo es la permanencia, por su importancia, de un servicio o el hecho de no pagar las horas que verdaderamente se llegan a realizar tras consideran, calculadora en mano, que es más rentable excluirlos del régimen general, y de esta forma eliminar el contador horario, que pagar por el trabajo efectivamente realizado que supondría el estar incluidos en el régimen general. 

La conclusión a la que se debe llegar es que lo importante realmente no es mantener el servicio, pues éste puede mantenerse de igual forma en el Régimen General, sino ahorrar y no pagar por él lo que realmente vale. 

El artificio ideado por la Dirección General con dos regímenes distintos de servicio es insostenible en el Siglo XXI. No es posible mantener unidades o personas trabajando 24 horas al día sin una retribución específica como ocurre con los equipos territoriales de policía judicial. 

Lejos de esto, la retribución del sobreesfuerzo generado descansa en el concepto de productividad, ligado, como todo el mundo sabe, a la discrecionalidad y propuesta del mando, como si el ejercicio de éste llevara impreso el sentido de justicia en todas sus decisiones. Nos olvidamos que los mandos de la Guardia Civil son personas al fin y al cabo como las demás y unos harán valer el principio de justicia pero otros se tomarán la justicia por su mano. 

En cualquier caso, la Dirección General no valora suficientemente la Especialidad de Policía Judicial, prueba de ello es su régimen retributivo. Se les incluye en la modalidad E–2 de estructural con un 70% del Complemento de Destino frente al 80% de los comandantes de puesto, 37€ menos al mes. 

El complemento específico singular es de ¿€ mientras que el de un comandante de puesto se sitúa en 374€ mensuales. 

En ninguno de los conceptos se ha considerado distinguir al suboficial jefe del equipo al que se sitúa en las mismas condiciones que el resto de ese personal percibiendo exactamente lo mismo como si su nivel de responsabilidad fuera igual y si no léanse el manual de policía judicial y las Reales Ordenanzas. 

Ante esta desoladora situación a nadie puede extrañarle que las vacantes publicadas no lleguen a cubrirse, lo entendamos o no el personal a la hora de solicitar un destino pondera los pros y los contras y aquí la relación trabajo-retribuciones se decanta claramente por el primero.

Ahora que se está revisando el catálogo de puestos de trabajo es una buena oportunidad para lanzar un mensaje de apoyo y reconocimiento a la labor realizada por estos guardias civiles que se mantienen en sus puestos sacando el trabajo adelante y aumentar su CES para equilibrar esa relación y adecuar la responsabilidad y dedicación a las retribuciones. 

Caer en el mismo error que se ha cometido con la reforma de la productividad, en las que no se han tenido en cuenta las indicaciones de ASES de equipararlos a la modalidad E-13 de estructural, sería un duro golpe que quizás Policía Judicial ya no pueda encajar."

Comprenderán los lectores que bajo esas malas perspectivas profesionales, de las cuales existen unos máximos responsables, que como queda dicho, son los altos mandos miliares, los resultados no pueden ser muy buenos, a la vista está. 

La imagen de una eficacia idílica que nos quieren vender, tergiversando y manipulando la triste realidad, para lo cual emplean la publicidad de los titulares, que ellos mismos facilitan a los medios de comunicación, anunciando grandilocuentes operaciones policiales, que al final sólo quedan en su mente y las portadas de esos mismos medios de comunicación afines, ya que a veces, muchas más de las convenientes, una vez pasadas por el tamiz de la justicia, esas grandes operaciones quedan sobreseídas, archivadas o son puestas en tela de juicio las pruebas aportadas, al haber sido obtenidas con métodos supuestamente no del todo ajustados al fino olfato de los tribunales, en muchos casos relacionadas con las grabaciones de las escuchas telefónicas, en las que se considera que se han obtenido de forma no ajustada a derecho. 

Esa falta de diligencia, esa inquina en demostrar lo que se tiene que obtener respetando escrupulosamente el Estado de derecho, a veces provoca, que se venga abajo todo el proceso judicial, con el agravante de que los presuntos culpables quedan en libertad.

Un ejemplo sobre la forma de realizar las grabaciones, -hay muchos otros-, fueron las obtenidas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de A Coruña, durante la conversación desarrollada por los padres de la niña Asunta, asesinada en Santiago de Compostela, tras su detención. 

Sobre ello, el diario digital 20minutos.es de fecha 21/Octubre/2014, con fuente en la agencia EFE, informaba que la Audiencia había anulado de las diligencias probatorias, esas grabaciones. Sí, habían sido aprobadas por el Juez instructor, pero tras la sugerencia de los investigadores, alegando que podían ser básicas para apuntalar sus sospechas, la noticia, entre otras cosas, decía:

"Anulada la conversación grabada a los padres de Asunta en los calabozos tras su detención. La Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado incluir en la causa por el crimen de la niña Asunta Basterra la grabación de una conversación entre sus padres durante su primera noche en los calabozos tras ser detenidos como presuntos autores. 

Durante el diálogo, Rosario Porto le dijo a Alfonso Basterra: "¿Te ha dado tiempo a deshacerte de eso?". Así lo determina el tribunal en un auto, estimando una petición de la defensa de Porto.

La sección sexta de la Audiencia se ha pronunciado sobre las cuestiones previas planteadas por las partes. La conversación que pidió ser anulada por los abogados de Rosario Porto se grabó, a instancias del instructor José Antonio Vázquez Taín, el 25 de septiembre de 2013 en Lonzas, el acuartelamiento de la Guardia Civil. 

Porto y Basterra están internos desde el 27 de septiembre del año pasado en el penal coruñés de Teixeiro acusados del crimen de su propia hija. Vázquez Taín dio el visto bueno a que se grabasen todos los audios en las dependencias del Instituto Armado al considerar los investigadores que podrían ser básicos para apuntalar sus sospechas. 

Solo hubo tres frases, y la primera fue "tú y tus jueguecitos" de Porto a Basterra, la segunda, la mencionada; y la tercera, la emitió Basterra, con un rotundo "cállate, que a lo mejor nos están escuchando", antes de que ya imperase el silencio."

sábado, 9 de febrero de 2019

LIBRO II - OPERACIÓN CARIOCA - 2009


Policías   y   soldados
LIBRO - II
Las CONSECUENCIAS

CAPÍTULO xv
OPERACIÓN CARIOCA
2009

¿Porqué había guardias civiles implicados?
¿Los mandos lo sabían?
Si lo sabían,
¿Por qué no lo evitaron?
¿Son todos los que están?
¿Están todos los que son?




Era "Vox Populi", frase definida por la Wikipedia como ("Voz del pueblo" en latín; castellanizado como vox pópuli, significa lo que es conocido y repetido por todos)". En la ciudad de Lugo, todos eran conocedores de esos, hasta entonces rumores, pero el día 13/Noviembre/2009, el diario La Voz de Galicia, hacía saltar todas las alarmas del escándalo, informando sobre los primeros resultados de la denominada como "Operación Carioca", la noticia decía:

"Golpe a la prostitución en Lugo. La Guardia Civil sabía desde hace años que algunos agentes daban soplos a clubes de Lugo.- Altos mandos de la Guardia Civil fueron informados en varias ocasiones durante los últimos años de que algunos agentes supuestamente daban soplos a los dueños o encargados de clubes de alterne, especialmente de la zona de Ribadeo. Incluso a principios del 2000 en el marco de otra investigación llevada a cabo en la capital lucense aparecieron grabaciones telefónicas en las que se hablaba de esta situación y, además, quienes se comunicaban daban nombres y apellidos de los agentes. 

Se desconoce lo que ocurrió con esta documentación, pero lo que está claro es que no hubo actuación alguna o por lo menos que trascendiese públicamente.

Las informaciones transmitidas a la cúpula del instituto armado apuntaban a que varias personas ofrecían detalles sobre los días en los que estaba previsto realizar los controles en los clubes de la zona de Ribadeo, uno de los cuales siempre resultó bastante polémico como consecuencia de denuncias que formularon algunas de las empleadas. 

Precisamente en ese club se produjeron cuatro detenciones en los últimos días dentro del marco de la operación Carioca, que se desarrolla para poner al descubierto la denominada trama de los burdeles. 

En el Queen's, en Lugo, también pudo haber ciertos favoritismos.

La Guardia Civil acabó actuando, según algunas fuentes, al tener constancia de que el asunto de los clubes de alterne estaba en manos de una jueza de Lugo, con fama de ser rigurosa en su trabajo.

Parece que el dispositivo no va a cerrarse por ahora y en algunos círculos no deja de insistirse en que algún guardia más podría ser imputado. 

Cada vez está más claro que mandos del instituto armado conocieron y permitieron el presunto trato privilegiado a algunos de los clubes de alterne, aunque desde la Guardia Civil se insiste en que hay que esperar a que la Justicia resuelva y en que los agentes tienen que utilizar en algunos momentos argucias y técnicas para conseguir información. 

«El que crea que conseguir el testimonio de una mujer de la noche era posible sin nada a cambio está muy equivocado. Ahora bien, una cosa es prometer algún beneficio o premio y otra es cometer ilegalidades que, en este caso concreto, habrá que probar si se hicieron», apuntó ayer un guardia que pidió permanecer en el anonimato.""
Según la información periodística, y cito: "La Guardia Civil acabó actuando, según algunas fuentes, al tener constancia de que el asunto de los clubes de alterne estaba en manos de una jueza de Lugo, con fama de ser rigurosa en su trabajo". Es decir, ¿Nos indica, según algunas fuentes, que si la jueza no fuese rigurosa, sus altos mandos militares seguirían ocultando lo que a todas luces sabían y era una certeza?, que los lectores lo valoren.

El diario La Voz de Galicia de fecha 15/Noviembre/2009, informaba de la citación para declarar a diez guardias civiles de Lugo por la operación Carioca, la noticia decía:

"La jueza cita a declarar a diez guardias civiles de Lugo por la operación Carioca. Cinco de ellos son de la zona de Ribadeo y todos van como testigos para averiguar lo que conocían de la trama. Hace ya un mes que se practicaron las primeras detenciones y la investigación sigue más viva que nunca. 

La operación Carioca, puesta en marcha en Lugo por una jueza de la capital y agentes especiales de la Guardia Civil llegados desde Madrid, prosigue su curso con la finalidad de poner al descubierto una trama que supuestamente funcionaba entre propietarios y allegados de clubes de alterne y algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Tras las detenciones y los registros, la jueza llamó a declarar, en calidad de testigos, a más de una decena de guardias civiles. 

instructora del caso quiere conocer, según algunas fuentes, qué es lo que sabían los agentes sobre las actuaciones que podían seguir algunos de sus compañeros y sobre todo, el cabo de la policía judicial que fue detenido en el primer momento.

En los últimos días ya pasaron por dependencias numerosos guardias civiles, casi una decena, de acuerdo con algunos datos. Entre estos figuran cinco miembros adscritos al instituto armado en la zona de Ribadeo. 

Esta localidad de A Mariña es especial punto de seguimiento dentro de las investigaciones porque todo apunta a que en un club, el Eclipse, podrían haberse producido hechos delictivos y, sobre todo, cabe la posibilidad de que hubiese soplos a los responsables del establecimiento para advertirles de posibles acciones de los miembros de la Benemérita. 

Pero no solo son los agentes de Ribadeo los que tienen que ir a prestar declaración. También fueron llamados algunos de la comandancia de Lugo, relacionados de alguna manera con la actividad de la policía judicial a la que estaba adscrito el guardia que se encuentra encarcelado en el centro penitenciario de Monterroso. 

Para los próximos días están citados todavía más agentes.

Personas desaparecidas. Mientras tanto, continúa en la capital lucense el equipo de guardias desplazados de Madrid. Prosiguen con las investigaciones y no se descartan nuevos registros. 

Algunas fuentes apuntan a que las pesquisas que llevan a cabo son de tal calado que, incluso, podrían tratar de determinar si hay alguna persona desaparecida que en algún momento tuvo relación con la trama. 

La existencia del secreto de sumario impide poder tener una confirmación absoluta de este hecho que algunas personas dan como totalmente seguro."

El diario La Voz de Galicia de fecha 13/Diciembre/2009, informaba de la imputación de otro guardia civil en Lugo relacionado con la investigación de la trama de los burdeles, la noticia decía:

"Imputado otro guardia civil en Lugo relacionado con la investigación que descubrió la trama de los burdeles. Un guardia civil adscrito al servicio de Información de la Comandancia de Lugo fue imputado por varios delitos, entre ellos uno de revelación de secretos, en el marco de la investigación de la operación Carioca que destapó la trama de los burdeles. 

El agente declaró en los juzgados lucenses  quedó libre con cargos, y al parecer no se tomó medida ninguna medida cautelar contra él. Con este son ya tres los agentes de la Guardia Civil implicados en la provincia de Lugo en los dos últimos meses. Dos de ellos están encarcelados en Monterroso. 

Este agente llevaba mucho tiempo vinculado al servicio de Información, aunque en alguna ocasión trabajó en el departamento antidroga. Es joven, aunque veterano en el cuerpo. 

Esta imputación coincide con las declaraciones que en los últimos días tuvieron que prestar numerosos agentes, de diversas secciones, ante la jueza María del Pilar de Lara, que se encarga de las investigaciones de la operación Carioca.

Además de los agentes también fueron llamadas otras personas, alguna de las cuales compareció como testigo y acabó imputada. Ya hay casi cincuenta imputados y quince encarcelados relacionados con esta trama.

La investigación judicial no está, ni mucho menos cerrada. En las próximas semanas es posible que se produzcan sorpresas con algunas imputaciones más que podrían afectar a agentes del instituto armado. 

La jueza dedica incluso las tardes que no le correspondería trabajar a seguir las investigaciones y a tomar declaraciones a testigos, algunos de ellos participantes en fiestas privadas organizadas en uno de los establecimientos nocturnos. 

Mientras, los clubes de alterne clausurados siguen sin funcionar. En algunos incluso fueron colocados cierres con vallas de cemento para impedir el acceso de vehículos a los aparcamientos, como en La Colina, ubicado en Outeiro de Rei."

El diario La Voz de Galicia de fecha 17/Diciembre/2009, informaba de la imputación al último guardia lugués detenido por no perseguir delitos y cohecho, la noticia decía:

"La jueza imputa al último guardia lugués detenido por no perseguir delitos y cohecho. El agente también tendrá que responder de las acusaciones de revelación de secretos y tráfico de drogas. La Guardia Civil lucense afronta una nueva investigación relacionada con la actuación presuntamente delictiva de uno de sus agentes cuando todavía no se encuentra cerrada la denominada operación Carioca que, según algunas fuentes, podría aportar bastantes sorpresas. 

Actualmente están en tramitación unas diligencias abiertas a un guardia del servicio de información de la comandancia de Lugo al que le imputan un total de cuatro delitos. El funcionario declaró recientemente y actualmente se encuentra en su puesto de trabajo que desempeña en el instituto armado desde hace ya muchos años. El citado agente fue imputado por un presunto delito de cohecho y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Asimismo está imputado por presunto tráfico de drogas y revelación de secretos. 

El funcionario declaró hace una semana en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense, el mismo que se ocupa de investigar la trama de los burdeles. Según algunas fuentes fue citado para comparecer nuevamente en los próximos días.

Vinculado con una operación. No hay información oficial sobre el asunto, entre otras razones porque los responsables del Instituto Armado no quieren pronunciarse sobre un hecho que está siendo investigado y sin saber el desenlace final de las investigaciones. En este sentido tampoco adoptaron ninguna medida de carácter disciplinario con el agente que, según diversas informaciones, sigue ejerciendo en su puesto. 

De acuerdo con algunas fuentes, la imputación del guardia de información podría estar relacionada con la operación denominada Ratatouille, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil lucense en el mes de octubre del año 2008. Este operativo acabó con la detención de ocho personas. El supuesto cabecilla era un interno de la prisión de Bonxe que dirigía el entramado desde dentro del penal y también los fines de semana que salía de permiso. 

En el marco de la investigación los agentes se habían aprehendido de un kilo de cocaína casi 300 gramos de resina de hachís. Asimismo requisaron una pistola del calibre 6.35, más de 3.000 euros en billetes. También requisaron teléfonos, ordenadores y diversa documentación.

La investigación, según algunas informaciones, había sido larga y laboriosa. En junio del mismo año fueron detenidas las primeras cinco personas, entre ellas el cabecilla que coordinaba desde su celda la distribución de la droga que iba destinada a diversos centros nocturnos de ocio de la capital lucense. Entre los detenidos estaban dos jóvenes naturales de Outeiro de Rei y Pedrafita y Cervantes. Al parecer estos últimos eran los encargados del reparto."

El diario de La Voz de Galicia de fecha 20/Diciembre/2009, informaba de la investigación sobre si un supuesto sabotaje informático, trató de frustrar la operación Carioca, la noticia de Xosé Carreira, decía:

"Investigan si un sabotaje informático trató de frustrar la operación Carioca. La documentación del caso desapareció mientras declaraban los detenidos, aunque pudo ser recuperada. 

La totalidad de la documentación del procedimiento penal de la espectacular operación que se ejecuta en Lugo para desmantelar la denominada trama de los burdeles desapareció de los ordenadores del juzgado que se ocupa del caso. 

La situación motivó que no solo se abriese una investigación, sino que la gravísima incidencia fuese trasladada a la Fiscalía para que estudie si pudo haberse producido algún delito. 

La jueza encargó que se averigüen las causas y si tal desaparición pudo ser intencionada.

La Xunta atribuyó en su momento el hecho a un «borrado nocturno». El procedimiento pudo ser reconstruido a través del sistema de recuperación de datos digitales. 

Las explicaciones dadas en su momento desde la Administración gallega fueron acogidas con estupor en medios judiciales, donde califican el borrado nocturno como ilógico, sorprendente y algo nunca sucedido hasta ahora.

Desde el juzgado fueron enviados escritos a la Dirección Xeral de Xustiza para reclamar datos y explicaciones, aunque no fueron atendidos.

A principios del pasado noviembre se descubrió que el procedimiento, declarado secreto, de la operación Carioca -con más de 30 detenidos y 15 encarcelados, entre ellos varios guardias civiles, un policía local de Lugo y un policía nacional de Barajas- desapareció por completo de la aplicación informática, denominada Minerva, del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. 

Dicho programa es el que la Xunta facilitó a los juzgados de la comunidad. La gravedad de la situación hizo que el incidente fuese comunicado de inmediato a la Dirección Xeral de Xustiza y a la Secretaría Xeral da Presidencia, para la adopción de las medidas necesarias y la apertura de una investigación. A pesar de haber transcurrido más de un mes de dichas comunicaciones, no hubo ningún tipo de respuesta.

La desaparición se produjo la noche en que prestaba declaración el inspector de la Policía Local Ramón Vázquez Río y el funcionario municipal Javier Manuel Reguera Pérez. 

El primero fue enviado a la cárcel de Monterroso, y el segundo, supuesto propietario del terreno donde se ubica el club de alterne Queen's (en O Ceao), quedó en libertad con cargos. 

su momento, la Xunta informó de que la desaparición fue atribuida a un barrido automático en el sistema que se realiza diariamente a las doce de la noche, con la finalidad de crear copias de seguridad y que la situación no se habría producido si desde la oficina judicial hubieran avisado de que estaban trabajando a esas horas. 

Parece ser que ese día el juzgado realizó una sesión continua y maratoniana hasta las dos de la tarde del día siguiente.

Sin advertencias. Según señalaron diversas fuentes, ningún funcionario del juzgado ni tampoco la jueza recibieron advertencia alguna de que la copia de seguridad del sistema provocaba un borrado automático. 

Al parecer, sí son informados con carácter periódico de otro tipo de anomalías que obligan a tomar medidas para evitar la pérdida de archivos. Todavía hay más, el juzgado no recibió advertencia alguna para que, con antelación, comunicara el horario nocturno de trabajo. 

En las semanas de guardia es frecuente que tanto esta oficina judicial como otras tengan que prolongar su jornada hasta altas horas de la noche sin que hubiese constancia hasta ahora de que existiesen riesgos informáticos de tal gravedad. 

Tanto los funcionarios del Juzgado 3 como los del 1, que son los que se ocupan actualmente de operaciones de gran calado, tuvieron que hacer muchas horas extras y nunca se les presentó problema alguno. Además, tampoco se vieron en la obligación de avisar de que prolongaban su jornada."

El diario La Voz de Galicia de fecha 21/Diciembre/2009, informaba que el Poder Judicial investigaba el borrado del sumario de trama de los burdeles, la noticia de Xosé Carreira, decía:

"El Poder Judicial investiga el borrado del sumario de la trama de los burdeles. El incidente ocurrido en los juzgados de Lugo también fue denunciado ante la Agencia de Protección de Datos. El Consejo General del Poder Judicial fue informado de la desaparición del procedimiento relativo a la trama de los burdeles de Lugo del sistema informático del juzgado. 

Este órgano, según diversas informaciones, abrió una investigación para tratar de saber qué es lo que sucedió y si pudo haberse producido un sabotaje. La Xunta, responsable del mantenimiento del sistema informático y del programa denominado Minerva, que es el que utilizan los juzgados gallegos, atribuyó lo ocurrido a un «barrido nocturno» para hacer copias de seguridad. 

Sin embargo, la propia Xunta emitió ayer otro comunicado en el que asegura que tal barrido no es la causa del problema. No aclara cuál es, pero dice que se abrió un informe técnico para aclarar los hechos. 

Aún cuando finalmente los archivos pudieron ser recompuestos, la desaparición se considera de una gravedad extrema por tratarse de un expediente bajo secreto de sumario y, sobre todo, por el contenido del mismo: múltiples datos de personas, algunas de las cuales están aterrorizadas porque temen ser víctimas de algún ataque por parte del grupo que se ocupaba de los cuatro burdeles que fueron clausurados. Bastantes nombres que aparecen en los documentos corresponden a testigos protegidos. 

Precisamente por la gran cantidad de datos personales contenidos en la documentación la jueza dio cuenta por escrito no solo a la Xunta (que no le prestó atención), sino también a la Agencia de Protección de Datos, para que tome cartas en el asunto si así lo considera. 

También fue comunicado el incidente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Según algunas fuentes, la titular del juzgado se enteró de la versión de la Xunta por la prensa. Al parecer, todos los días, a las doce de la noche, el sistema realiza automáticamente un barrido y crea copias de seguridad. 

Según la explicación oficial, los funcionarios que estaban trabajando en el juzgado perdieron la información. Posteriormente pasaron unos días hasta que los técnicos procedieron a la recuperación de los archivos desaparecidos. 

Esta versión parece que no les encaja ni a la jueza, ni tampoco a los funcionarios. Por eso está abierta una investigación en la Fiscalía. No encaja porque desde hacía ya varias semanas en este juzgado lucense era algo normal trabajar hasta altas horas de la madrugada para poder ir sacando adelante las diligencias de la compleja operación Carioca. 

Ni de madrugada ni tampoco los fines de semana y festivos que trabajaron tuvieron incidencia alguna con el programa. 

Que un sistema ideado para realizar una copia de seguridad origine la supresión de un procedimiento de principio a fin es una explicación que sorprende al personal del juzgado, máxime teniendo en cuenta que, cuando llamaron a Santiago para informar de la anomalía, nadie les explicó tal cosa. 

El secreto de las actuaciones judiciales, tras el incidente de Lugo, está en entredicho, pues personal que nada tiene que ver con quienes tramitan los asuntos tiene la posibilidad de acceder al contenido de los casos penales."